Superman o Quijote o un defensor a la venezolana

Tarek William Saab, poeta, abogado y actual Defensor del Pueblo

El venezolano Tarek William Saab Halabi, hijo de inmigrantes libaneses, eligió a la poesía y la defensa de los desheredados de la Tierra como normas y prácticas de su vida a los 14 años. De El Tigre se vino a Caracas y aquí se hizo abogado, defensor de los derechos humanos, político, parlamentario, dos veces fue electo gobernador del Anzoátegui y ahora -cuando ya había digerido el mal rato vivido durante el golpe de Estado del 2002 y otras rémoras del acontecer político- desde hace año y medio es nada menos que Defensor del Pueblo, elegido por la Asamblea Nacional hasta el año 2021.

Aceptó el cargo y el compromiso y por eso ahora cuenta lo que hace o lo dejan hacer, a sabiendas que ser Defensor del Pueblo es algo así como un Supermán sin asombrosos poderes o como un Quijote sin Rocinante y Sancho que debe deshacer entuertos y lograr que las leyes se cumplan y se salven todos los derechos y los intereses de los ciudadanos y ciudadanos.

¿Qué hizo por ahora en la Defensoría del Pueblo?

–En la Defensoría,  bajo mi gestión, creo que lo más importante es haberle dado un alto perfil institucional al trabajo que aquí estamos adelantando en favor de los venezolanos, pues esta es una institución que tiene oficinas  en todas las capitales de estado y  nueve municipios. Mi deseo es llegar hasta la mitad de los municipios, de los 336 que tenemos. Es decir, copar los principales municipios de cada estado. Es mi deseo. En mi gestión hemos abierto tres oficinas a través del apoyo de instituciones regionales y nacionales que nos ceden en comodatos las oficinas; por ejemplo, la más importante para mí, es la que abrimos en la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira. Cuando rendí informe sobre mi gestión ante la Asamblea Nacional pasado 5 de abril sobre lo realizado durante al 2015, presenté varias cifras. Nosotros aumentamos, en un 60 %, las acciones defensorías que hicimos durante el 2015 en comparación con el 2014. El hecho de que hayamos aumentado en un 60 % las acciones defensorías, en una cifra de más de 50 mil acciones defensorías, revela una mayor eficiencia, una mayor potencia, una mayor distribución de los recursos, una mejor planificación en la atención a las víctimas, pero también hay otra cifra fundamental que es el aumento de un 40 % del número de peticionarios, en comparación con el 2014. En el 2015 aumentó un 40 % de personas que vinieron a esta institución a buscar protección a sus derechos humanos, en comparación con el 2014. Yo resumo todo esto así: mayor confianza, mayor seguridad, mayor apertura de esta institución a todos los sectores de la sociedad sin distingos,  porque la Defensoría del Pueblo está para atender a todos los venezolanos, particularmente sus derechos colectivos y sociales, con especial atención en los sectores más vulnerables de las sociedad, que son  los que están totalmente indefensos, las personas de la tercera edad, los niños y las niñas, los adolescentes, las personas con alguna discapacidad  física y mental, las personas enfermas, entre otros.

Apoyo decidido

Agregó que es consciente que todo ese conglomerado de solicitantes no tiene cómo pagarse un abogado, cómo acceder a un tribunal, cómo tener un tipo de vida legal para que los atiendan. “Lo hacemos nosotros y también atendemos otros sectores de la sociedad venezolana, pero hacemos hincapié en los sectores más vulnerables o más débiles. Sé que la colectividad, sin distingos políticos, ha visto que esta Defensoría del Pueblo está en la calle, haciendo muchas cosas y también se ha atrevido a decir cosas, que quizás en gestiones anteriores no las decían”.

¿Cuál es el presupuesto para ese trabajo y lo que quisiera tener?

–Por todo esto que he dicho, alguna gente creerá que nosotros estamos al tope en presupuesto y en personal, pero no es así.  Nosotros tenemos que atender o cubrir a 30 millones de venezolanos, pero en la calle hemos logrado lo que he dicho, con solo 200 funcionarios. 200 funcionarios cuya labor es estar en la calle, haciendo trabajo de campo, en el terreno, haciendo inspecciones en instituciones públicas y privadas, yendo a tribunales, al Ministerio Publico y somos, pues, únicamente 200 personas para atender 30 millones, y perdóneme la reiteración. Y tenemos otras 500 personas que son las que hacen el trabajo de planta, la apertura de expedientes, abogados, secretarias, docentes, porque tenemos una escuela sobre derechos humanos que organiza diplomados y dictan cursos. Toda esa gente hace posible una gestión y estoy orgulloso de todos ellos.

¿Cómo se come eso o cómo avanzan en esa tarea que obviamente no es nada fácil?

–Nosotros hacemos nuestro trabajo a partir de una serie de líneas estratégicas, donde la mediación es fundamental, una mediación ante los poderes y organizaciones del Estado venezolano para favorecer a las víctimas, así como la perenne defensa y educación en los derechos humanos. Además de las necesarias legislaciones, nosotros presentamos varias series de proyectos de leyes necesarias ante la Asamblea Nacional. Y aquí reitero que nuestro personal es escaso, escasísimo; yo desearía tener, como mínimo, unos 2.500 funcionarios y tengo apenas 700, y nuestro presupuesto es el más bajo de los órganos del Poder Ciudadano al cual pertenecemos, junto al Ministerio Publico y la Contraloría.  Yo y mi gente trabajamos y esperamos que se nos reconozca lo que hemos venido realizando. Hemos ido, modestamente, creciendo muy lentamente, pero generando la confianza necesaria entre la comunidad para ganarnos el respecto y a la atención de la sociedad entera.

¿Cuáles fueron los proyectos presentados ante la Asamblea Nacional?

–Presentamos una serie de proyectos para hacerle frente a problemas coyunturales que tiene Venezuela. Presentamos 15 propuestas con relación  al abastecimiento de las medicinas, 14 propuestas para combatir el retardo procesal, 11 propuestas para combatir la delincuencia uniformada, es decir la corrupción policial, 11 propuestas para combatir el hacinamiento en las estaciones de policías y también  10 propuestas sobre el retardo procesal; y presentamos seis leyes inherentes a los derechos humanos,t odo eso nunca lo hicieron mis antecesores. Espero y aspiro que esos proyectos sean distribuidos y discutidos por los miembros de la Asamblea Nacional.

¿Qué ha pasado con la Comisión de la Verdad, dónde está presente la Defensoría del Pueblo?

–Yo participo ahí como defensor de todos los sectores de la sociedad venezolana, ahí se ha insistido en que factores agrupados en la MUD participen, hay cuatro puestos para parlamentarios que sean designados por la AN o las ONG. Esa es una importante oportunidad para el diálogo, creo que esta comisión no debe ser solo para investigar los sucesos violentos de años anteriores y los casos de gente detenida, puede haber propuestas y recomendaciones. He recibido a muchas personas y unos cuantos me dicen que están en una fase de evaluación para tomar una decisión. Yo creo que es un error que no participen algunos sectores de la sociedad. La Iglesia Católica participa con monseñor Mario Moronta, además de otras personas en representación de víctimas de lado y lado. Mi rol es la defensa de todos, sin excepciones,

¿Qué paso con el caso Tumeremo?

–Esa situación fue abordada entre el Jefe de Estado y mi persona para darle una solución en vista de las denuncias que comenzaron a circular sobre la desaparición de un número de mineras y mineros venezolanos. Maduro consideró que debía crearse una comisión de alto nivel que estaría dirigida a tratar el  tema y esclarecer la verdad .Todo eso se hizo a menos de 48 horas de haberse conocido las informaciones. Yo me trasladé, junto con el ministro de Relaciones Interiores y el director nacional del Cicpc a Tumeremo. Allí pude entrevistar a dos testigos claves que abrieron esa caja de Pandora y narraron todo lo ocurrido con lujo de detalles. Se hicieron las detenciones de las personas claves que llevaron a las fosas comunes donde estaban los cadáveres de los mineros.

Medicinas e insumos

Entre las propuestas que hizo la Defensoría del Pueblo a la Asamblea Nacional, destaca esta relacionada con la crisis por los medicamentos e insumos médicos.

1. Identificar y consolidar las necesidades de medicamentos e insumos del sistema público nacional de salud y al sector privado, utilizando el histórico registro de usos y distribución.

2. Crear un listado de medicamentos esenciales, de alta demanda nacional y alta rotación en farmacias, a ser producidos o importados prioritariamente.

3. Acelerar y simplificar los procesos administrativos asociados a las compras internacionales, tales como nacionalización, registro sanitario, trámites aduanales, así como estudiar la posibilidad de exonerar algunos tributos.

4. Favorecer la importación de materia prima y otros insumos para producir medicamentos en el país e importar solo aquellos que no se pueden producir en Venezuela.

5. Acelerar el motor farmacéutico, cerrando filas con los laboratorios nacionales y aquellos que posean plantas de producción de medicamentos en el país, para que se agilice la asignación y entrega de divisas para la adquisición de materias primas e insumos para la fabricación de medicamentos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Activar la industria de producción de medicamentos y derivados del sector público.

7. Ajustar y actualizar los precios de los medicamentos esenciales que actualmente están regulados, en especial de aquellos que han subido de precio desmedidamente. El precio de estos debe cubrir su costo de producción y brindar una ganancia razonable no usurera, para garantizar la continuidad de la producción.

8. Facilitar el proceso de producción dando prioridad a los certificados de no producción nacional y facilitando la asignación de divisas al sector salud.

9. Rechazar los precios inmorales de algunos medicamentos para tratar las enfermedades de peligro o enfermedades catastróficas, situación amparada por el sistema de empresas farmacéuticas monopólicas, provocando un incremento indiscriminado de precios y mermando el acceso de la población a los tratamientos y por ende lesionando los derechos humanos de millones de personas no solo en nuestro país, sino en el mundo entero.

10. Activar las gestiones con Unasur y Mercosur con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que se realicen las negociaciones conjuntas para la compra de medicamentos de alto costo a precios accesibles, así como hacer uso de los convenios internacionales con países aliados como India, China y Cuba para disponer de versiones genéricas de calidad y a menores precios.

Por último, hemos acordado crear una comisión mixta, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a los fines de revisar periódicamente la situación del abastecimiento de medicinas e insumos médicos.