Ahora que hace temporada,en el Trasnocho Cultural, la pieza teatral Fresa y chocolate, basada en una etapa difícil para los homosexuales de la Cuba revolucionaria, conviene recordar que existe un Mapa Mundial de la Homofobia, que alude a los países donde se puede perder la vida por ser gay.
En Irán, Arabia Saudí,
Yemen o Somalia la homosexualidad se castiga con pena de muerte. En otros
países como India o Uganda se castiga con penas de cadena perpetua.
La expresión
“concierto de las naciones” -naciones unidas o desunidas- es especialmente
atonal si de hacer “derecho estadístico” sobre homofobia se trata. ¿Qué países
tienen y no tienen leyes del tipo matrimonio igualitario y antidiscriminación?
¿Desde cuándo y con qué alcances concretos? ¿En qué estados hay pena de muerte
por relaciones entre personas del mismo sexo y en cuáles desde la constitución
para abajo, la exclusión de personas gays, lesbianas y bisexuales queda
explícita o implícitamente sancionada? ¿Qué hay más allá de la letra grande y
la letra chica?
Por esta razón,
desde hace 12 años ILGA -la asociación internacional de lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex- elabora un informe anual, el “Estudio jurídico
mundial sobre orientación sexual en el derecho: criminalización, protección y
reconocimiento”. Esta vez, la federación fundada en 1978 convocó como uno de
los dos autores a un abogado argentino especialista en derechos sexuales, Lucas
Ramón Mendos. Fiel (sí, fiel) seguidor de las estratagemas discursivas del Papa
Francisco sobre “putismo” y afines (razón por la que fue entrevistado en este
suplemento un tiempo atrás), Mendos, profesor universitario y activista gay,
integró la relatoría LGBT de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
trabajó por mail para ILGA junto al irlandés Aengus Carroll, consultor en temas
de orientación sexual, identidad de género y diversidad corporal.
Juntos, en
apenas meses, construyeron un documento de 200 páginas, disponible gratis en la
web y en seis idiomas, capaz de otorgar fuentes confiables a investigadores,
ONGs, aliadxs y lectorxs. A menudo, los números que proporcionan los informes
ILGA (otro de sus trabajos es específicamente sobre identidades) son
reproducidos en discursos periodísticos y pronunciamientos varios, de allí que
la precisión intente ser total.
A modo de
prólogo, los responsables de esta edición se encargan de aclarar que Oriente y
Occidente viven una marcada polarización en esta materia, ya que en las zonas
geopolíticas en las que vienen dándose avances es posible detectar una
acentuación de los mismos, pero pasa exactamente lo contrario del otro lado del
respeto, donde cada vez más hay mayor rechazo y persecución a la disidencia
sexual. A mayo de 2017, existen 72 estados susceptibles de ser clasificados
como estados que criminalizan las relaciones sexuales consensuales entre
personas adultas del mismo sexo (el recorte, quirúrgico, es fundamental para
entender los límites de esta empresa investigativa): 24 países de África, 13 de
Asia, 6 de América y 2 en Oceanía. En más de la mitad, la sanción abarca
también las relaciones entre mujeres. El caso de Egipto, en el que estos
vínculos están penalizados de hecho y no de derecho, queda incluido. A lo largo
de 2016, muchos medios informaron sobre los 13 Estados que aplican pena de
muerte a los homosexuales.
En rigor, estados soberanos y miembros de Naciones
Unidas, son 4: Irán, Arabia Saudita, Yemen y Sudán. Luego, en Somalía y Nigeria
se aplica sólo en 2 provincias y en Irak y en el norte de Siria, hay pena de
muerte a gays aplicada por tribunales locales, vigilantes ad hoc o agentes no
estatales. En este sentido, deviene interesante citar los casos de 5 países
adscriptos a la interpretación de la Shari’a (el cuerpo máximo del oxímoron
máximo, el “derecho islámico”) y pensar en los montajes “cinematográficos” de
Isis que dominan la web (lanzamiento a fosas e incineraciones de gays, por
ejemplo): en Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Mauritania,
la interpretación de esa “carta magna” celestial habilita condenas a muerte (y
por supuesto, no se las cuentan a Ilga).
En 124 países
legalizaron ya las relaciones sexuales de “iguales” pero sólo en 23 estados hay
boda, porque reina la unión civil mucho antes que el casorio (incluso, la adopción
sí y el matrimonio jamás). Uno de los casos más encendidos del año pasado fue
el de Italia donde, Vaticano mediante, sigue siendo impensable otra instancia
que no sea el papelito de la mera convivencia y paremos de contar.
Un ítem
especial de este informe lo ocupan las denominadas “terapias de conversión”
(evangelistas y religiosas en general, a veces políticas y de salud): están
prohibidas por ley en la Argentina, Brasil, Ecuador, China, Taiwán y Malta
(habrá que ir a “curarse” a otro lado). Y si de región se trata, ILGA 2017
recuerda que tanto en Bolivia como en Ecuador, por ejemplo, las constituciones
nacionales contienen disposiciones tendientes a proteger de la discriminación
por orientación sexual a sus ciudadanxs. Sí, Bolivia y Ecuador, donde ni asoman
otras medidas parecidas y donde, con frecuencia, sus líderes políticos rechazan
discusiones semejantes. La hiperinflación legal no tiene, siempre, correlatos
concretos y si para algo contribuyen estos documentos es para pensar y repensar
qué pedidos hay detrás de cada pedido, toda vez que cualquier Estado devuelve
(o no) derechos que antes, se encargó de quitar.
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